No lo llamen "libre comercio"
Por Jeff Milchen
Traducción por Francisco Miraval
Diciembre 2, 2003
A los estadounidenses les gusta todo lo que que sea gratis o libre, tanto literal como retóricamente. Por eso, los departamentos de relaciones públicas de las grandes corporaciones emplean con frecuencia frases como “libre comercio” o “mercado libre” para hacer progresar sus puntos de vistas. Pero es un misterio porqué los opositores a los acuerdos de libre comercio (acuerdos que elevan a las corporaciones por sobre la democracia) conceden los términos del debate y piden “comercio justo, no libre”.
Los acuerdos de comercio internacional establecen barreras con la misma frecuencia que las remueven. Como dijo Wayne Andreas, gerente general de Archer Daniels Midland (gigantesca compañía de agronegocios): “Ni una pizca de nada en el mundo se vende en el mercado libre. Nada. El único lugar en el que se ve al mercado libre es en los discursos de los políticos”. Andreas conoce de lo que habla, tanto por haber arreglado ilegalmente precios como por haber obtenido poder político.
Los acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (TLC) declaran ilegal al proteccionismo que sirve a los intereses del público, como las salvaguardas con respecto al aire saludable, el agua limpia y la seguridad en los lugares de trabajo. Y también impiden o destruyen la competencia comercial en muchas áreas.
Una de las fuerzas impulsoras de los tratados comerciales son las presiones de las corporaciones para expandir el costoso proteccionismo: patentes, derechos de autor, y otros monopolios agrupados bajo “derechos de la propiedad intelectual”.
Muchos de estos derechos son esenciales para asegurarse que escritores, investigadores, músicos y otras personas con profesiones similares reciban ingresos justos por sus obras. Sin embargo, con frecuencia lo que se patenta fue pagado por los contribuyentes. En vez de beneficiar al público, se venden estas patentes por poco dinero a las corporaciones, que luego ganan inmensas sumas por los acuerdos internacionales para monopolizar ese producto.
Un claro ejemplo es el de los medicamentos recetados. Once de las 14 drogas medicinales desarrolladas en Estados Unidos entre 1970 y 1995 fueron pagadas por el gobierno.
En el caso de Taxol (la mejor droga contra el cáncer), se destinaron $500 millones de dólares a investigación y pruebas, comenzando en la década de 1960, décadas antes de que la droga entrase en el mercado. Y qué recibieron los contribuyentes de esta inversión potencialmente lucrativa que podría haber provisto tratamientos económicos para el cáncer al alcance de todos? Nada.
En realidad, peor que nada.
Primero, el gobierno federal le dio los derechos exclusivo a Bristol-Myers Squibb Inc. por nada más que un 0,5% (medio por ciento) de las regalías. Y luego el público estadounidense le pagó a Squibb $687 mil millones entre 1994 y 1999 por Taxol, con ganancias tan altas que avergonzarían a los traficantes de drogas ilegales. ¡Hasta un 2.000 por ciento por sobre el costo de producción! Ese margen de ganancia sería imposible si el gobierno no crease monopolios que se parecen más a corporaciones socialistas que a un mercado libre.
A la vez, el gobierno recibió nada más que $35 millones en regalías. Los ejecutivos de Squibb ganan más invirtiendo en políticos que en Taxol. Y aunque las tarifas internacionales raramente aumentan el precio de un producto más de un 25 por ciento, en el caso de los monopolios con productos protegidos por patentes, el precio puede ser hasta 20 veces mayor que el que sería en un mercado libre. Por eso las industria farmacéutica tiene un margen de ganancia del 17 por ciento, más de cinco veces el promedio de las empresas de Fortune 500.
Existen otras distorsiones similares en el mercado. Desde otro ángulo, la Unión de Consumidores recientemente dio a conocer un detallado reporte en el que indica que las farmacias independientes superan a las cadenas de competidores en precio, servicio y satisfacción de los clientes. ¿Y entonces por qué desaparecieron más de 10.000 farmacias independientes desde 1990?
Además de un inmenso poder publicitario para convencer falsamente a los compradores que las cadenas de farmacias ofrecen mejores precios, la discriminación del gobierno es otra vez el factor principal.
El Congreso prohíbe que los estados permitan a los negocios locales competir contra la compra por correo o en Internet en el mercado libre, al prohibirle a los estados recolectar impuestos a las ventas de los vendedores fuera del estado. Por eso, en 45 estados, los negocios que quieren servir a su comunidad tienen, gracias al gobierno federal, productos que cuestan un 8,3 por ciento más que sus competidores.
En Pennsylvania, el plan de salud para trabajadores estatales dice que tienen que comprar los remedios en Rite Aid o en Internet. Los trabajadores ya no tienen opciones, y pierden un importante servicio personal.
¿Dónde están los políticos y los intelectuales del ‘mercado libre’ que tanto critican las ‘alternativas limitadas’ o que defienden los ‘derechos de los estados’ cuando los pequeños negocios quedan en desventaja? Aparentemente, no les gusta enfrentar el hecho que el poder político ahora determina qué mercados son libres o no lo son.
La objeción central de la mayoría de los ciudadanos de EEUU y de otros países a los propuestos acuerdos de comercio internacional sigue siendo la subordinación de la democracia a los deseos de las corporaciones transnacionales. Pero no dejemos que se califique a estos acuerdos como de “libre comercio”. Es necesario distinguir entre un hipotético mercado libre y la realidad de nuestro capitalismo corporativo actual para tener un debate inteligente sobre las políticas comerciales y económicas.
Jeff Milchen es el director de ReclaimDemocracy.org, una organización sin fines de lucro que trabaja para restaurar la autoridad de la democracia sobre las corporaciones.


